La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) acaba de alertar sobre los riesgos de la actual «ultraconcentración de la propiedad de instalaciones fotovoltaicas». Así mismo, avisa, por medio de un comunicado, que se tendría que modificar el sistema de subastas de potencia y regular el acceso a la red general para que sea más abierta a iniciativas locales. En caso contrario, Anpier señala que se consolidará un modelo de concentración de la propiedad que califica como altamente perjudicial, ya que impide redistribuir la riqueza solar que se genera en todo el Estado.
Anpier advierte de que los beneficios derivados de la generación fotovoltaica están siendo monopolizados por un reducido número de empresas, gracias a una normativa que, hasta ahora, ha fomentado la concentración, dado que incentiva la construcción de macroparques, con unas condiciones «inalcanzables para pymes e iniciativas locales, y también por la opacidad en cuanto al restringido acceso a los puntos de evacuación, una cuestión esencial que no ha sido objeto de análisis y acción regulatoria».
Cabe destacar, en opinión de Anpier, que la generación fotovoltaica, una vez construida, genera menos ocupación que a una escala más pequeña. Los beneficiarios, tal como apunta Anpier, serán básicamente los inversores y no habrá repercusión en la creación de puestos de trabajo. Anpier remarca que «las pequeñas y medianas iniciativas son las únicas capaces de aportar empleo y valor en el territorio».
La Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica argumenta que el 90% de los 3.000 Megavatios fotovoltaicos de la última subasta se repartieron entre menos de 30 empresas. Así mismo, se calcula que más del 25% estaría ya en manos de fondos internacionales; aparte, de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece a grandes empresas, que concentran los beneficios y, frecuentemente, transmiten la propiedad a fondos internacionales, remarca.
Anpier estima que durante los próximos 10 años se prevé que se instalen en el conjunto del Estado español 20.000 MW, con un negocio asociado al suministro de energía solar de 34.440 millones de euros durante toda su vida útil. Y cifras de similar magnitud se registrarán en el sector eólico, donde habrá «idénticas características de concentración de la propiedad». La situación, apunta Anpier, es muy diferente del resto de Europa, donde sí se ha apostado por la generación en instalaciones de escala menor.
En definitiva, Anpier defiende la «democratización de la generación solar fotovoltaica». Destaca que en España se abandonó este formato después de haberlo instaurado hace una década. Solo hay que recordar, razona Anpier, que los 4.000 MW instalados en todo el territorio español entre 2007 y 2010 quedaron repartidos entre 60.000 titulares, con gran protagonismo de pymes, autónomos y familias. Los cambios normativos, drásticos y retroactivos, han supuesto la expulsión de los pequeños propietarios y han funcionado como barrera insalvable para las personas que podían mostrar algún interés en una inversión de este tipo, afirma Anpier.
Por último, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, alerta de que es vital «impulsar la socialización de la generación solar, fomentando iniciativas empresariales locales, para lo cual resulta esencial devolver la confianza a los pequeños inversores a través de la recuperación de la seguridad jurídica».
